La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, informó en el pasado Pleno del Parlamento de Andalucía de la prórroga de las ayudas del Decreto de Inclusión Social, aprobada recientemente, por la que la Junta distribuye más de 46,5 millones de euros a los ayuntamientos andaluces para ayudas a la contratación y la red de suministros mínimos vitales.
Sánchez Rubio subrayó que estas ayudas "permitirán favorecer la inclusión social y paliar las situaciones de necesidad derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral para personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo". La responsable de las políticas sociales en Andalucía informó que ambas medidas beneficiarán, teniendo en cuenta el tamaño medio de la unidad familiar, a más de 153.000 andaluces.
El abono de las cuantías de estos programas se realizará antes de que empiecen las contrataciones, "lo que refuerza el compromiso y la estrecha colaboración de la Junta de Andalucía con las administraciones locales, institucionales fundamentales en el desarrollo de los servicios sociales en nuestra comunidad", resaltó. Desde la puesta en marcha de ambos programas en 2013, en total el Gobierno andaluz ha destinado más de 180 millones de euros para la ayuda a la contratación y la red de suministros mínimos vitales.
La consejera recordó que "posteriormente, se publicará la Orden relativa a las Ayudas Económicas Familiares, por valor en torno a los 10 millones de euros, así como la de Garantía Alimentaria, con un presupuesto de 5,2 millones de euros, por lo que el importe total destinado a estos programas en 2016 ascenderá a 61,5 millones de euros".
Sánchez Rubio explicó que el Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, al que se destinarán 40 millones de euros.
La cuantía total del programa se ha distribuido entre los 778 ayuntamientos andaluces atendiendo a la media del número de personas registradas como demandantes de empleo en cada municipio durante el año 2015, aunque se garantiza a todos y cada uno de los ayuntamientos un mínimo de 10.700 euros.
Con este plan de empleo extraordinario se realizaron el pasado año más de 26.000 contratos. La titular de Igualdad y Políticas Sociales afirmó que "el Gobierno andaluz mantiene el convencimiento de que el empleo es la mejor arma para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas y las familias. Esta medida reitera nuestro compromiso para ayudar a los colectivos más vulnerables afectados por la crisis económica, y la atención a las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social es una prioridad absoluta de la Junta de Andalucía".
Prioridad en los contratos
Sánchez Rubio destacó que en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro; a la persona solicitante que sea víctima de violencia de género; a la unidad familiar en la que haya personas con discapacidad o en situación de dependencia; o sea familia monoparental con al menos un hijo o hija a cargo; a la unidad familiar en la que haya menores de edad; a las familias numerosas; a las personas residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social, a mujeres y a mayores de 50 años.
Por otra parte, con respecto a la prórroga del Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, la consejera ha destacado que contará con un presupuesto total de 6,5 millones de euros. Este plan se materializa mediante ayudas que serán gestionadas por los ayuntamientos para la atención a la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos. Se estima la remisión de más de 29.000 ayudas.
Al igual que con el Programa de Ayuda a la Contratación, la cuantía total del programa se ha distribuido según la media del número de personas registradas como demandantes de empleo en cada municipio durante el año pasado, criterio que se combina con la fijación de tramos por número medio de personas desempleadas por municipios.
Sánchez Rubio subrayó que estas ayudas "permitirán favorecer la inclusión social y paliar las situaciones de necesidad derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral para personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo". La responsable de las políticas sociales en Andalucía informó que ambas medidas beneficiarán, teniendo en cuenta el tamaño medio de la unidad familiar, a más de 153.000 andaluces.
El abono de las cuantías de estos programas se realizará antes de que empiecen las contrataciones, "lo que refuerza el compromiso y la estrecha colaboración de la Junta de Andalucía con las administraciones locales, institucionales fundamentales en el desarrollo de los servicios sociales en nuestra comunidad", resaltó. Desde la puesta en marcha de ambos programas en 2013, en total el Gobierno andaluz ha destinado más de 180 millones de euros para la ayuda a la contratación y la red de suministros mínimos vitales.
La consejera recordó que "posteriormente, se publicará la Orden relativa a las Ayudas Económicas Familiares, por valor en torno a los 10 millones de euros, así como la de Garantía Alimentaria, con un presupuesto de 5,2 millones de euros, por lo que el importe total destinado a estos programas en 2016 ascenderá a 61,5 millones de euros".
Sánchez Rubio explicó que el Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, al que se destinarán 40 millones de euros.
La cuantía total del programa se ha distribuido entre los 778 ayuntamientos andaluces atendiendo a la media del número de personas registradas como demandantes de empleo en cada municipio durante el año 2015, aunque se garantiza a todos y cada uno de los ayuntamientos un mínimo de 10.700 euros.
Con este plan de empleo extraordinario se realizaron el pasado año más de 26.000 contratos. La titular de Igualdad y Políticas Sociales afirmó que "el Gobierno andaluz mantiene el convencimiento de que el empleo es la mejor arma para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas y las familias. Esta medida reitera nuestro compromiso para ayudar a los colectivos más vulnerables afectados por la crisis económica, y la atención a las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social es una prioridad absoluta de la Junta de Andalucía".
Prioridad en los contratos
Sánchez Rubio destacó que en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro; a la persona solicitante que sea víctima de violencia de género; a la unidad familiar en la que haya personas con discapacidad o en situación de dependencia; o sea familia monoparental con al menos un hijo o hija a cargo; a la unidad familiar en la que haya menores de edad; a las familias numerosas; a las personas residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social, a mujeres y a mayores de 50 años.
Por otra parte, con respecto a la prórroga del Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, la consejera ha destacado que contará con un presupuesto total de 6,5 millones de euros. Este plan se materializa mediante ayudas que serán gestionadas por los ayuntamientos para la atención a la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos. Se estima la remisión de más de 29.000 ayudas.
Al igual que con el Programa de Ayuda a la Contratación, la cuantía total del programa se ha distribuido según la media del número de personas registradas como demandantes de empleo en cada municipio durante el año pasado, criterio que se combina con la fijación de tramos por número medio de personas desempleadas por municipios.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
